jueves, 24 de abril de 2014

Consejos Comunales y gestión pública en Venezuela



Autora: Nehomaris Sucre

 


¿De dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos?


Porque si la verdad de la dialéctica política es entre el poder y la participación, entre el conflicto y el consenso, su reflejo institucional es entre el pueblo organizado y el Estado. El Estado, en cualquier caso, siempre tiene demasiado poder como para dejárselo en las exclusivas manos de los estadistas.
Juan Carlos Monedero.

Indudablemente los mecanismos para la participación de los ciudadanos y ciudadanas en el desarrollo de la gestión pública venezolana han ido evolucionando -tal como lo demostraremos más adelante- de modo que la articulación entre la administración pública y los administrados se ha tornado más dinámica y compleja a través de los años. En tal sentido, podemos señalar el surgimiento de los Consejos Comunales como un eslabón más dentro de la cadena evolutiva de la democracia, la participación  y la gestión pública en Venezuela. 

Sin embargo, con la puesta en marcha de los Consejos Comunales en el país, se ha evidenciado la debilidad estructural de la burocracia venezolana para dar respuesta a las demandas de ésta novedosa figura que a su vez aglutina los requerimientos de los determinados sectores sociales y territoriales en los que se desarrolla y dada la dinámica política venezolana corren el riesgo de quedar como meros elementos de una gran maquinaria “atrapa votos”. 

En esta dirección, en principio, cabe señalar que el Estado venezolano, tal como reseña Evans (2009) se ha comportado históricamente -desde finales de la década de los 50- según los modelos de Estado de Bienestar, Estado neoliberal y un intento actual de Estado Social de Derecho y de Justicia, al cual hace mención la Constitución de 1999, asunto que ha originado que las estructuras destinadas a la participación ciudadana en materia de políticas públicas sufran variaciones de acuerdo al momento histórico en que se conciben.

Bajo estas premisas, siguiendo la línea argumentativa de Evans (Ídem), cabe precisar en primer lugar que el Estado de Bienestar o Estado Benefactor -como también es llamado- nace como un modelo cuya función elemental es la corrección de los efectos negativos de la competitiva sociedad industrial y más específicamente  se configura como un Estado que persigue garantizar las condiciones mínimas de existencia mediante políticas que permitan –desde su óptica- una justa distribución de los recursos, del ingreso y del acceso a determinados servicios sociales, entre otros, buscando siempre corregir los desajustes causados por el mercado. En Venezuela este patrón estatal, como bien indica el autor,  fue aplicado a partir de 1958, coincidiendo su nacimiento con el inicio de la democracia representativa y además fue producto del pacto entre las élites con poder político y económico en torno a la forma como habría de conducirse el país.

Tal como señala el autor (Evans: 2009) la aplicación de este modelo en el país varió respecto al original, puesto que los recursos no provenían del sector privado, sino que tenían su génesis en la renta petrolera, la cual permitió financiar por casi 50 años el crecimiento económico y el bienestar social de la población venezolana, sin embargo en un plano general no se construyó una sociedad más productiva ni se erradicó la pobreza, sino que por el contrario se fomentó una relación cada vez más dependiente entre el Estado y la población, en tanto que en materia de participación popular la democracia representativa implicaba fuertes limitantes.

Por su parte, el modelo de Estado neoliberal, de acuerdo a Evans (ídem), se aplicó a través de distintos ensayos en Venezuela, empezando por el gobierno de Luis Herrera Campins, pasando por el mandato de Jaime Lusinchi, el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y culminando en el último gobierno de Rafael Caldera. En líneas generales, este modelo buscó corregir la sobrecarga del Estado llevándolo a su mínima expresión, por lo cual las privatizaciones estuvieron a la orden del día, mientras que la democracia representativa continuaba imperando y los canales de participación popular eran muy reducidos –tal como se pretenderá demostrar más adelante-.

Con éste panorama de fondo, asume el mandato Hugo Chávez y en 1999 se promulga una nueva Carta Magna Nacional, en la que se precisa que el Estado ha de organizarse como un Estado Social de Derecho y de Justicia, estableciéndose en palabras de Evans (Ídem): una nueva forma de relación entre el Estado y la ciudadanía, en la que ambos se constituyen como corresponsables para el logro de una eficiente dirección de las políticas públicas y del porvenir del país, abriéndose nuevos espacios para el ejercicio de la ciudadanía, lo cual a su vez está inmerso en el planteamiento constitucional sobre la Democracia Participativa y Protagónica sobre la cual se fundamenta el surgimiento de los Consejos Comunales. 

En este ensayo nos proponemos describir los Consejos Comunales como política pública y a su vez como agentes formuladores de políticas públicas, haciendo énfasis en algunos mecanismos de participación ciudadana que le precedieron y aproximándonos a una visión modesta de su situación futura en el campo de la gestión pública. 

A partir de la década de los 60, tal como lo subraya Quijada (s/f: 2), con apenas pocos años de superada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, empiezan a darse escenarios de participación popular relacionados a la búsqueda de soluciones a problemáticas locales, tal fue el caso de las “juntas pro-mejoras”  las cuales eran asociaciones destinadas a solventar asuntos concretos en las comunidades, tales como: construcción de cloacas, viviendas, carreteras, etc. Una vez resuelto el problema que daba origen a las juntas, entonces estas desaparecían. 

Desde entonces, como plantea el autor (Ídem), los partidos tradicionales –Acción Democrática y COPEY- comenzaron a hacer uso de los mecanismos del Estado para mantenerse en el poder garantizando bajo un pacto el consenso necesario que le otorgaría estabilidad temporal al sistema político y fortalecería la democracia representativa.  

Por otra parte, Barela y Guillermo (1990) exponen que ya para la década de los 70 se dan formas participativas-colectivas ligadas a la planificación pública como lo fueron las denominadas asociaciones populares sin personalidad jurídica y los famosos programas de autoconstrucción de acueductos, viviendas, cloacas, canchas deportivas, etc., que se encontraban adscritos directamente a la Presidencia de la República por medio  de la secretaría de la promoción popular.

Para Machado (2008) la década de los 70 puede caracterizarse como un periodo de notable auge de lo organizativo-popular, dado que varias organizaciones populares tuvieron su principio y momento estelar durante ésta época. Sus dinámicas se encontraban selladas por la autonomía, las prácticas democráticas y encumbrados niveles de participación. Asimismo sus programas de luchas estaban enérgicamente empapados por demandas de carácter reivindicativo, con actividades de reciprocidad de experiencias y modos de coordinación. En muchos casos se efectuaron propuestas que trascendían lo social-reivindicativo para formular transformaciones de la formación social venezolana.

A finales de la misma década, afirma Machado (2008), el movimiento popular se vio gravemente afectado por el talante con el que las diferentes administraciones del Estado maniobraron la bonanza petrolera de ese entonces. Las muy diversas demandas de los sectores populares fueron aplacadas por una ola de recursos financieros restándole fuerza al conjunto de reivindicaciones y demandas que habían mantenido las distintas organizaciones y actores políticos populares. Una porción de la renta petrolera fue empleada para suprimir todo tipo disenso y producir consensos socio-políticos artificiales a través de la conciliación populista de intereses por parte de las élites que operaban el Estado. 

Desde el plano político, esgrime el autor (Ídem), se puede aludir la instauración de asociaciones de vecinos que no sólo desplazaron a las organizaciones populares sino que además hubo un proceso de cooptación por parte de los partidos gobernantes en esas organizaciones más de carácter vecinal y del mismo modo desde estos partidos políticos se consumó un esfuerzo por desdeñar otras expresiones organizativas populares. 

A lo largo de la década de los 80, tal como expone Machado (Ídem), el movimiento popular se hallaba disperso, debilitado y fragmentado. Había sobrevenido una situación de regresión en las formas organizativas populares. A esto se le añadió el progresivo disgusto de los sectores populares hacia lo político.

Tal como lo indica Sosa (2000: 151)  “la autoidentificación de los actores se hace también muchas veces en términos territoriales y la mayoría de sus reivindicaciones se refieren a las necesidades concretas y comunes a la población de un barrio. Son necesidades derivadas casi todas de la insuficiencia de la prestación de servicios urbanos de todo tipo”, en tal dirección, apunta el autor que a finales de los 90 –época en la que para Machado (2008) se da un proceso creciente de retorno de los Movimientos Populares- las Asociaciones de Vecinos, se convirtieron en un punto de articulación entre las demandas colectivas relativas a los servicios públicos locales y los problemas de representación y participación política propios de aquella época, de manera que las Asociaciones Vecinales comienzan a ejercer presión para la reforma de la administración pública municipal, percibiéndose al municipio como “el primer eslabón en la lucha por la reforma del Estado” (Ídem).

Desde 1960 hasta finales 1990 el Estado neoliberal en Venezuela había tomado fuerza de la mano de la democracia representativa como instrumento del consenso de élites destinado al freno de las demandas populares, sin embargo las vicisitudes que desde los últimos años de la década de los 70 venía trayendo consigo el sistema político, dio origen a una crisis partidista y el repudio de la ciudadanía hacia los partidos políticos se hacia cada vez más latente. Esto se vincula el hecho de que el Estado neo-liberal que desde finales de los 80 había empezado a implantarse en Venezuela, lejos de solventar desde la gerencia pública las apabullantes problemáticas sociales y económicas que atravesaba el país lo que logró fue incrementarlas y en consecuencia esto estuvo catalizó la insatisfacción colectiva. 

De ésta manera, así como lo plantea Fraija (s/f) la insuficiente perspectiva política y la equívoca noción de las reformas estructurales desde la esfera económica, anexada a la suma de desaciertos políticos y económicos de los actores en el período democrático venezolano, forjaron la implosión social que se hace notoria desde 1989 hasta el día de hoy. 

Del mismo modo, como afirma el autor (Ídem) la sociedad venezolana decepcionada de las prácticas y los actores políticos tradicionales es la que en 1998 elige como Presidente de la República a un militar –Hugo Chávez-, quien había dirigido un fallido golpe de Estado en febrero de 1992. Estando el discurso político de Chávez marcado por una vigorosa embestida contra el "neoliberalismo salvaje" y los partidos políticos de corte tradicional, lo cual lo hizo permanecer desde el momento del golpe militar, como una alternativa de cara al sistema político.
Hugo Chávez llega al poder promoviendo la convocatoria a una Asamblea Constituyente que, efectivamente, se lleva a cabo y en 1999 se sanciona una nueva Constitución en la cual sobresale la Democracia Participativa y Protagónica como forma de gobierno. 

De éste modo el Estado tradicionalmente neoliberal y con algunas secuelas del Estado Benefactor se ve confrontado desde sus estructuras de democracia representativa ante el marco jurídico que le obliga a ir diseñando espacios para la democracia participativa y protagónica, de manera que surge la figura de los Consejos Comunales que son definidos según la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009) en su artículo 2, como: “…instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social.”

En tal sentido, los Consejos Comunales surgen como respuesta del Estado a un requerimiento de organización y participación por parte de la población, lo cual puede categorizarse como una necesidad objetivable, asimismo y en torno a este marco, el Estado asume la formulación de los Consejos Comunales como política pública teniendo dando a entender que posee una visión de los destinarios –población en general- como portadores y portadoras de un potencial organizativo y de auto-gobierno.

En esa misma línea, los Consejos Comunales se constituyen como forjadores de políticas puesto que de acuerdo a la Ley Orgánica que los regula (Ley Orgánica de los Consejos Comunales: 2009), estos una vez constituidos y organizados tienen la potestad de realizar diagnósticos de las posibles problemáticas que aquejan a sus sectores y formar un plan para avocarse a la solución de las mismas contando para esto con recursos que le son asignados a través del Estado. De manera tal que los Consejos Comunales –tomando en cuenta la antes mencionada ley-  llevan a cabo sus políticas públicas, siguiendo los siguientes pasos:
1.    Diagnostico Comunal
2.    Plan comunal
3.    Presupuesto Comunal
4.    Ejecución de Proyectos
5.    Contraloría Social

Dada la novedad de estas de estructuras de participación ciudadana, el Estado se ha visto en la necesidad de ir creando instituciones que garanticen la continuidad de los Consejos Comunales como política pública y como agentes activos dentro de la gestión pública, por lo cual desde abril de 2006 fue creado en la gaceta oficial Nº 5.806 gracias a la promulgación de la ley de los Consejos Comunales, el Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC en adelante), organismo sobre el cual recae como actividad principal “la administración de los recursos asignados a los Consejos Comunales, financiando los proyectos comunitarios, sociales y productivos del Poder Popular en sus componentes financieros.” (SAFONACC: 2011), asimismo tiene como norte coadyuvar a fortalecer el desarrollo del Poder Popular, en la integración, organización y funcionamiento de las Organizaciones Populares en su relación con los órganos del Estado.

De acuerdo a cifras del SAFONACC (2011): para el año 2009 se habían transferido a los más de 30 mil Consejos Comunales registrados en los 24 estados del país la cantidad de Bs.F. 2.906.906.853,32 para El financiamiento de proyectos socio-productivos y de transformación social del hábitat y la vivienda, de manera que las políticas públicas impulsadas por estos novedosos actores políticos, bien pueden beneficiar a individuos o grupos reducidos de personas a través de, por ejemplo, créditos para microempresas, así como también pueden favorecer a  un colectivo, tal es el caso de los proyectos para mejoramiento vial. Ahora bien, conviene a fin vislumbrar el apoyo que el Estado en términos económicos le ha inyectado a estos agentes comunales observar el resto de las cifras presentadas por SOFONACC a través de su sitio electrónico:

Tabla I.
Año
Cantidad de Bs F.
2006
2.232.273.735,63
2008
4.738.841.794,74
2009
2.906.906.853,32







                    
 Cuadro de elaboración propia en base a SAFONACC: 2011

Tabla II.
Año
Cantidad de Proyectos Financiados
2008
11.728
2009
13.536
                     Cuadro de elaboración propia en base a SAFONACC: 2011

            En tal sentido el monumental aporte del Estado a estas estructuras de organización ciudadana es indudable, .sin embargo abre el debate hacia puntos más neuralgicos como lo son los mecanismos de asignación de presupeusto, la contraloria social y el estatus jurídico de los mismos. Siendo este debate parte de la misma dinamica democrática.  

            De este  modo, ya se ha respondido a grosso modo de dónde venidos y  dónde estamos, sin embargo, queda de parte del lector darle respuesta a la interrogante más significativa: ¿Hacia dónde vamos?, cuya respuesta indicará si nos dirigimos hacia la configuración de formas más democráticas de organización colectiva o no.


Fuentes Documentales.

BARELA G. Guillermo E. (1.990). Formación de Dirigentes Vecinales.  Venezuela, Valencia: Universidad de Carabobo. Facultad de Derecho. Centro de Estudios Políticos y Administrativos.

Evans, N. (2009). Democracia y Participación desde los Consejos Comunales. Caracas: Editorial El Perro y La Rana.

Fraija Farith, (s/f). El Coste Político del Ajuste Estructural en Venezuela.

Ley Orgánica de Consejos Comunales. (2006). Asamblea Nacional de Venezuela.

Machado Jesús, (2008). Estudio Consejos Comunales en Venezuela. Caracas: Fundación Centro Gumilla.

Quijada Martín. (s/f). Participación de las asociaciones de vecinos en la gestión de los gobiernos locales caso municipio Valencia. Versión resumida del trabajo de grado presentado ante el Área de Estudios de Postgrado de la Universidad de Carabobo, con el que se opto al Título de Magíster en CIENCIA POLÍTICA, MENCIÓN GERENCIA PÚBLICA.

Sosa Alfredo, (2000). Las Asociaciones de Vecinos en América Latina ¿Actores socio-políticos?. En: El Trabajo Social en la Era de la Incertidumbre. Escobar Cristina y Sánchez Gaspar (Comp.).  Madrid: Universidad de Salamanca.

Fuente Electrónica: 

Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (2011). http://www.safonacc.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=53. Consultado el 15 de Febrero de 2011

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